Plan PROCREAR y Deficit habitacional
PRO.CRE.AR BICENTENARIO es una iniciativa del Gobierno Nacional que proyecta la entrega de 400 mil créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas por el Programa a través de desarrollos urbanísticos.
PRO.CRE.AR. tiene
como meta:
• Atender
las necesidades habitacionales de los ciudadanos de todo el territorio
nacional, contemplando las diferentes condiciones socioeconómicas y la
multiplicidad de situaciones familiares con líneas de crédito para la
construcción de viviendas particulares y desarrollos urbanísticos de alta
calidad.
• Impulsar
la actividad económica a través del incentivo a la construcción de viviendas y
su efecto dinamizador.
• Generar empleo
en todo el país mediante mano de obra directa e indirecta.
Los trámites son de carácter personal, por lo tanto no
demandan los servicios de gestores.
• GRAN
IMPULSO AL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN.
• PLAZOS DE
ENTRE 20 Y 30 AÑOS.
• MONTOS DE
HASTA $500.000.
• LA
RELACIÓN CUOTA-INGRESO PUEDE LLEGAR HASTA EL 40%.
• LAS TASAS
VAN DEL 2% AL 14%, REALMENTE MUY BAJAS.
• LOS
SOLICITANTES DEBEN TENER ENTRE 18 Y 65 AÑOS.
• LA
ADJUDICACIÓN DE LOS CRÉDITOS SE REALIZA MEDIANTE SORTEOS REALIZADOS POR LOTERÍA
NACIONAL, COMO GARANTÍA DE CONFIABILIDAD Y TRANSPARENCIA.
• CADA
LÍNEA DE CRÉDITO FUE DISEÑADA PARA QUE SEA ACCESIBLE Y PUEDA SALDARSE EN SU
TOTALIDAD.
FINANCIAMIENTO
CÓMO ES EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA. El financiamiento de
PRO.CRE.AR. BICENTENARIO - Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para
la Vivienda Única Familiar - se realizará con la participación de diferentes
organismos públicos, entre ellos ANSES y el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, como así también otros inversores privados interesados.
El Tesoro nacional realiza un aporte inicial para la
conformación del patrimonio del Fondo Fiduciario PRO.CRE.AR. BICENTENARIO y
garantiza todas las emisiones de deuda del mismo. A su vez, el Estado nacional
otorga tierras fiscales urbanas de gran valor patrimonial para la conformación
inicial del patrimonio de ese fondo.
El Fondo Fiduciario PRO.CRE.AR.BICENTENARIO emite deuda por
oferta pública, calificada, por cotización en el MERVAL, con garantía del
Estado Nacional, y tendrá una duración de 30 años.
ANSES invierte a través del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) en el Fondo Fiduciario de acuerdo a criterios de
rentabilidad y seguridad adecuados durante los primeros 5 años. Además,
cualquier inversor privado podrá invertir, dado que se trata de una oferta
pública.
El Banco Hipotecario implementa el otorgamiento y cobro de
los créditos, garantizando la ejecución del programa y constituyéndose
legalmente en el fiduciario del Fondo.
Sorteos y repechajes
OCTAVO SORTEO Y REPECHAJE
Fecha de realización:
22 de octubre de 2013
• Familias
participantes: 364.868 / Familias sorteadas: 158.176 / Línea Construcción:
41.979 sorteados / Línea Compra de vivienda a estrenar: 20.000 sorteados /
Línea Compra de terreno y construcción: 60.001 sorteados
SÉPTIMO SORTEO
Fecha de realización:
19 de julio de 2013
• Familias
participantes: 70.588 / Familias sorteadas: 35.833 / Línea Construcción: 20.062
sorteados / Líneas Ampliación-Terminación / Refacción: 15.771 sorteados
SEXTO SORTEO Y
REPECHAJE
Fecha de
realización: 26 de abril de 2013
• Familias
participantes: 52.655 / Familias sorteadas: 28.072 / Línea Construcción: 20.770
sorteados / Líneas Ampliación-Terminación / Refacción: 7.302 sorteados
QUINTO SORTEO
Fecha de realización: 22 de marzo de 2013
• Familias
participantes: 36.444 / Familias sorteadas: 19.001
SEGUNDO REPECHAJE
Fecha de realización: 25 de enero de 2013
• Familias
participantes: 18.053 / Familias sorteadas: 9.358
CUARTO SORTEO Y
REPECHAJE
Fecha de realización: 26 de octubre de 2012
• Familias
participantes: 42.304 / Familias
sorteadas: 24.251
TERCER SORTEO
Fecha de realización: 21 de septiembre de 2012
• Familias
participantes: 17.809 / Familias sorteadas: 9.463
SEGUNDO SORTEO
Fecha de realización: 24 de agosto de 2012
• Familias
participantes: 25.572/ Familias
sorteadas: 13.813
PRIMER SORTEO
Fecha de realización: 20 de julio de 2012
• Familias
participantes: 21.968 / Familias
sorteadas: 11.659
Pro.Cre.Ar
generará 104 mil nuevos puestos de trabajo
El impacto
macroeconómico de las 110 mil viviendas del plan Pro.Cre.Ar derivaría en la
creación de 104 mil empleos y un crecimiento de dos puntos porcentuales en el
Producto Bruto Interno (PBI).
La inversión de $ 36 mil millones generada por el plan de
créditos hipotecarios impulsado por la ANSES implica así una potencial masa
recaudable para el Estado de unos $ 20.400 millones.
Del total de la inversión, $ 19.300 millones se destinarán a
construcción individual de viviendas y $ 16.700 millones a desarrollos
urbanísticos que implicarán una suba del 9,7% para el sector de la
construcción, un 3,5% para explotación
de minas y canteras, un 2,1% para la actividad de inmobiliarias y un 1,9% para
la industria manufacturera.
Por ejemplo, se demandarán 1,8 millones de toneladas de
cemento, 190 millones de ladrillos, 37.500 toneladas de acero y 1,7 millones de
metros cúbicos de hormigón. El volumen de esta demanda implica un impulso
fundamental para una industria que necesita una tracción de esa magnitud para
reactivarse y que por su naturaleza tiene una amplia variedad de efectos
indirectos sobre otros sectores.
Esta información fue elaborada por el Ministerio de Economía
y presentada ayer durante la conferencia de prensa que el ministro Axel
Kicillof dio en el microcine del Palacio de Hacienda. Diego Bossio, titular de
la ANSES, estuvo junto al jefe de la cartera económica y señaló que ya hay 101.015 viviendas en marcha, con
76.243 créditos asignados a familias; 33.772 a viviendas en desarrollo y 30.463
obras finalizadas. Además subrayó que en el primer trimestre aumentó un 16% el
comienzo de obras en comparación interanual.
Financiar
el crecimiento http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/43-7624-2014-04-29.html
Cuando funcionó un
capitalismo basado en la desregulación de capitales, sin la presencia de una
política activa del Banco Central, el crédito hipotecario decreció.
Se implementó una
política de cédulas hipotecarias que funcionaron en el financiamiento del
crédito hipotecario mediante la canalización del ahorro interno para otorgar
préstamos para la adquisición de viviendas. Los registros históricos marcan un
pico de créditos hipotecarios sobre PIB del 15,10 por ciento en 1940. Pero esas
cifras no se sostuvieron y rápidamente cayeron en 1945 al 9,31 por ciento.
Esto se debió a la fragilidad de dicho sistema y a su sensibilidad a los shocks
económicos en la actividad interna y externa.
El segundo modelo se
verificó de 1946 a 1955 y representó una política del Banco Central totalmente
contrapuesta al primer modelo. La reestructuración bancaria dispuesta durante
la primera presidencia de Perón hizo que el financiamiento al sector privado
fuese orientado en forma directa por el Estado. Ejerciendo esa competencia,
el Central reguló el redescuento a bancos públicos y privados así como las
prioridades, magnitudes y condiciones con que se desarrolló el crédito en
general. La garantía de la Nación a los depósitos bancarios, establecida a poco
de nacionalizarse el Banco Central, fue el segundo paso de las reformas y dio
lugar al registro de todos los depósitos a nombre del Banco Central, a la vez
que convirtió al redescuento en el recurso normal de los bancos para la
continuidad de sus operaciones de crédito. La
medición del impacto de estas políticas fue que se pasó en 1946 de 6,98 por
ciento de créditos hipotecarios sobre el PIB al 12,95 por ciento en 1956,
marcando en 1955 el 12,83 por ciento.
Con el golpe de
Estado de 1955 se precedió a una nueva reforma del sistema financiero y
bancario. Se sostenía en ese gobierno que no había que confundir la
dirección superior y supervisión del sistema privado con “el régimen de
perversión burocrática” a que se lo había sometido. Para “corregir” ese régimen
y dar el máximo de eficacia a todo el sistema, el golpe de Estado de 1955
dispuso la reorganización del Banco Central de acuerdo con los siguientes
principios: autonomía técnica y administrativa, retorno a los bancos de los
depósitos transferidos al Central y libertad de los bancos para decidir sus
propias operaciones. El redescuento se mantuvo, pero no como un instrumento
para orientar centralizadamente el crédito privado, sino como una forma de
financiación a la cual el sistema podría recurrir, pero “independiente de la
decisión del Estado nacional y según sus propias decisiones de necesidad del
uso de los recursos del redescuento”.
Con esta política, los créditos hipotecarios comenzaron a disminuir hasta
llegar a representar el 1,55 por ciento del PIB en 1965, y concluir en el 2,75
por ciento del PIB en 1972.
Con la llegada de
Perón nuevamente a la presidencia (1973-1975), el rol del Banco Central fue la
asignación de los recursos crediticios mediante los redescuentos regulados por
el Banco Central, como un instrumento de la política económica. Los créditos
hipotecarios pasaron del 2,36 por ciento del PIB en 1973 al 3,47 por ciento en
1975.
El programa económico
anunciado el 2 de abril de 1976 estableció entre sus metas la introducción de
reformas profundas en el sistema financiero vigente. Dijo entonces el
ministro de Economía: “... será indispensable devolver al sistema bancario y
financiero su flexibilidad y eficiencia, eliminando el sistema de la
nacionalización de los depósitos, que resulta inoperante desde el punto de
vista del control oficial del crédito, a la par que atenta contra el desarrollo
y la agilidad de la actividad financiera”. Los redescuentos pasaron a ser
herramienta de asistencia a los bancos únicamente en caso de que las entidades
privadas no cumpliesen con los requisitos mínimos de encaje, esto es, el dinero
que debían mantener en sus carteras según disposiciones del Central. En 1976, el crédito hipotecario fue del
2,41 por ciento del PIB, para terminar el proceso militar con un mínimo
histórico del 0,28 por ciento, en 1982.
Entre 1983 y 1987 se
continuaron aplicando las normas relativas a redescuento para atender
situaciones transitorias de iliquidez. La democracia aumentó los créditos
hipotecarios del 0,73 al 2,64 por ciento del PIB en 1988.
Durante la convertibilidad, luego de sancionada la Carta
Orgánica en 1992, y en línea con lo dispuesto en su artículo 17, se reglamentó
un nuevo régimen de adelantos y redescuentos por razones de iliquidez
transitoria, operatoria con un plazo máximo de 30 días para cada instrumento.
Esto hizo que si una entidad, en caso de afrontar una crisis de liquidez,
pudiera obtener financiamiento efectivo por 60 días, instrumentado mediante un
adelanto por iliquidez por igual plazo, pudiera a su vencimiento tomar un
redescuento adicional por el mismo período. En 1990 el crédito hipotecario se situó en el 2,11 por ciento del PIB y
pasó, a fines de la convertibilidad, en 2001, al 5,97 por ciento de total de
préstamos para vivienda sobre el Producto.
Las operaciones de asistencias por iliquidez durante la
crisis producida en el transcurso del fin de la convertibilidad, cuyas
manifestaciones de irreversibilidad comenzaron a mediados de 2001, ascendieron
al 31 de diciembre de 2003 a 19.457 millones de pesos. Hasta el 2010, antes del
cambio de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el sistema siguió
funcionando con los redescuentos para asistencia de liquidez del sistema. Los créditos hipotecarios descendieron del
3,65 por ciento del PIB en 2002 al 1,46 por ciento del PBI en 2010.
"RIFAN
EL FUTURO DE LOS JUBILADOS"
Lo atamos
con alambre: El 'peligroso' plan Procrear
Según un reciente informe de IDESA, la Anses perderá más de
la mitad de los fondos asignados al plan de préstamos para viviendas Procrear.
"Además de parcial e inequitativo, el plan acelera la aparición de una
próxima crisis previsional como ya ocurrió con iniciativas similares en el
pasado", asegura el informe, que advierte: "el beneficio que
disfrutan las familias elegidas en el sorteo es equivalente al perjuicio que sufren
los actuales y futuros jubilados por la desvalorización de los ahorros
previsionales". El rol de la inflación.
Según el Censo 2010,
en la Argentina hay más de 12 millones de hogares de los cuales 3,4 millones, o
sea el 28%, no posee vivienda propia. Un 16% (2 millones de familias) son
inquilinos y el otro 12% (1,4 millones de familias) son ocupantes por diferentes
modalidades (préstamo, trabajo, ilegales, etc.). En un contexto en que 1 de
cada 4 familias no tiene vivienda propia, las solicitudes de créditos son muy
superiores a los cupos previstos en el plan y, por eso, se apela al azar para
definir los posibles beneficiarios.
Según la ANSES, el
monto promedio de los préstamos otorgados hasta el momento es de $266 mil, la
cuota promedio de $2.524 y el plazo promedio es de 22 años. Esto implica que:
• Si la tasa de
inflación en la Argentina bajara a un promedio del 15% anual las familias
devolverán sólo el 77% del valor real del préstamo.
• Con una tasa de
inflación del 25% promedio anual el recupero se reduce al 50%.
• Con una tasa de
inflación del 35% promedio anual las familias terminarán devolviendo apenas el
37% del valor real del préstamo.
Este ejercicio de simulación, si bien aproximado, permite
ilustrar cómo actúa la inflación sobre el recupero de los préstamos otorgados
con el PROCREAR. Si la inflación se
mantiene en el futuro en los niveles actuales, por cada $2 que la ANSES destina
al financiamiento del PROCREAR el sistema previsional sólo recuperará $1.
En otras palabras, para lograr que la cuota del crédito sea accesible se le
impone a la ANSES una operación financiera muy ruinosa. Prueba de ello es que,
aun bajo escenarios de reducción de la inflación, con el paso del tiempo el
valor de la cuota también se desvaloriza, erosionando la sustentabilidad del
sistema previsional.
Deficit
habitacional en America Latina
LA VIVIENDA SOCIAL EN
LA AGENDA DE LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS
En los últimos 12
años, más de 30 millones de personas han superado condiciones de viviendas
insalubres. Programas como “Mi Casa, Mi Vida” en Brasil, “Comprar tu Vivienda”
en Chile o “Mi Lote” en Perú son ejemplos concretos de políticas habitacionales
que ayudan a explicar los avances obtenidos.
√ 110 millones viven
aún en barrios marginales dentro de
la región.
√ La población que
habita en asentamientos precarios en
Argentina se redujo
más del 30% durante la última
década.
√ Más de 1 millón de
viviendas fueron otorgadas en Brasil
bajo el plan “Mi
Casa, Mi Vida”.
√ 72 billones de reales (cerca de 35 billones de dólares)
es el presupuesto designado para la segunda etapa de
dicho plan, que intenta sumar 2 millones de viviendas
construidas como objetivo para 2014.
√ 1 millón de
viviendas sociales se planean construir en
Colombia al 2014.
√ La ley 18.795 otorga exenciones impositivas
De acuerdo a este
mismo informe, Argentina, Colombia y República Dominicana en la última década
han conseguido reducir la población en asentamientos precarios en más de un
30%, convirtiéndolos en los países que han exhibido mejores resultados. De los
países relevados por el estudio, Bolivia es el único país de la región donde
más de un 40% de la población continuaba viviendo en barrios marginales.
En el caso de Brasil,
el fuerte proceso de urbanización experimentado ha provocado que el 87% de la
población resida en ciudades y, como consecuencia, el segmento de menores
recursos ha sido expulsado hacia zonas periféricas precarias, popularmente
conocidas como “favelas”. A partir de la presidencia de Luis Ignacio Da Silva,
se ha buscado modificar la realidad existente, aspirando a transformar las
favelas en barrios que cuenten con cobertura de servicios básicos,
infraestructura adecuada, seguridad y áreas de recreación. Como política de
gobierno para el desarrollo y la inclusión social, se lanzó en 2009 el programa
“Mi Casa Mi Vida” que ha logrado desde su inicio entregar más de un millón de
unidades a personas con escasos recursos. El gobierno de Dilma Rousseff anunció
una segunda etapa para dicho programa, que contará con un presupuesto de 72
billones de reales (cerca de 35 billones de dólares) y buscará entregar dos
millones de hogares hasta 2014.
El
alquiler: opción para el déficit de vivienda en Latinoamérica y el Caribe
http://dinero.univision.com/bienes-raices/article/2014-04-09/el-alquiler-opcion-para-el-deficit-de-vivienda-en-latinoamerica-y-el-caribe
Se Busca Vivienda en Alquiler, una nueva publicación del
Banco Interamericano de Desarrollo, destaca que uno de cada cinco hogares en América Latina alquila su morada; esto
equivale a 30 millones de familias.
Este también una
relación directa entre la edad de una persona y la posibilidad de que alquile
una vivienda, pues, dependiendo del país, un joven entre 25 a 34 años tiene
entre tres y ocho veces más probabilidades de alquilar su vivienda, en
comparación con un adulto mayor.
“Lo que este estudio propone es abrir una veta nueva, no
explorada, en políticas de vivienda”, cita el comunicado a Vicente Fretes, el
jefe de la División de Gestión Fiscal y Municipal del BID, también coautor del
informe. “No se trata de sustituir el
foco en la casa propia, sino de complementarlo. Es una buena recomendación si
consideramos las ventajas para la sostenibilidad fiscal y para desincentivar el
desarrollo periférico de la ciudad.
Déficit
habitacional en argentina
Funcion
social de la Propiedad
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-7449-2014-02-16.html
La función social de
la propiedad reconoce la existencia de un límite en el derecho de propiedad,
cuando su ejercicio perjudica a terceros. Esto es lo que ocurre cuando una
vivienda no se usa. Se perjudica a otros, al colectivo social urbano. Lo
cual, dada la forma en que la vivienda se modula en el espacio urbano y las
características particulares de la localización de las personas en éste (en
relación con los servicios requeridos) tendrá enorme gravitación en las
oportunidades para el desarrollo de la vida. Por lo que no ocupar la vivienda
es una práctica habitual que implica una “retención especulativa” que vulnera
derechos de otros habitantes (de localización, de costos de habitar, de
relación con la economía urbana).
En Argentina
predomina el paradigma de política pública que, si existe un “déficit”, el
Estado debe construir más viviendas, pero no regular los mercados de la
vivienda (y el suelo). Entonces el problema siempre se reduce a cuestiones de
financiamiento y/o de ejecución de programas de construcción. Por lo que a la
manifiesta desigualdad socioespacial –que el Censo expresa– se plantea como
solución agregar más viviendas a un parque que mantiene la cuarta parte ocioso.
En varios países de la Unión Europea, la vivienda vacía se
considera un serio problema urbano, económico, social y medioambiental. En esta
concepción –la función social de la propiedad– significa que el derecho
propiedad es un derecho-deber y por lo tanto afectado en relación con el
interés general. Pues la vivienda vacía,
en tanto constituye una externalidad colectiva, demanda que la actuación del
Estado centre el foco en evitar que este fenómeno se produzca, y así propender
a equilibrar la relación entre población y vivienda, asegurando una ocupación
plena y por lo tanto evitando la especulación.
En Europa se ha propuesto abordar esta cuestión mediante dos
grandes tipos de medidas:
1)
La penalización de la permanencia voluntaria en
desuso; y 2) el fomento público de su rehabilitación, alquiler o venta.
Esta experiencia
europea muestra la necesaria articulación con la planificación y la existencia
de límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, para así
posibilitar la ampliación de los derechos (socioespaciales) sin afectar el de
propiedad en sí, sino condicionándolo a una relación armónica en simultáneo con
el interés social y colectivo.
En el caso de la
CABA, el enorme volumen de viviendas vacías hace necesario tener en cuenta el
artículo 27 de su Constitución, que establece el desarrollo en forma
indelegable de una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano
integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, y
específicamente el artículo 31 que (muy vagamente) auspicia la incorporación de
inmuebles ociosos.
La profunda inequidad social y espacial de nuestras ciudades
demanda que el deber de ocupación derivado de la función social de la propiedad
constituya un principio fundamental para un desarrollo más justo.
Ejemplos de medidas
del primer mundo
Para un país como
Suecia –que ha tenido una sostenida política social de vivienda basada en
la desmercantilización de una parte del stock–, la existencia de viviendas
vacías implica un aumento del gasto para los municipios. Pues ello incrementa
el precio oficial de los alquileres de la vivienda protegida; como estos
alquileres están garantizados por las autoridades locales (siendo los
municipios los que pagan la diferencia entre el precio oficial y el social
abonado por el inquilino), por lo cual el aumento de viviendas privadas vacías
implica un mayor gasto en alquiler público para los gobiernos locales. Para
evitarlo, ellos ofertan viviendas en alquiler más baratas (pública propia o
concertada privada) para poder reducir el número de viviendas vacías y sus
costos presupuestarios, y llegado el caso –como medida extrema– demuelen las
viviendas vacías cuando son edificios enteros.
En Dinamarca es
aun más extrema la acción pública, pues desde mediados del siglo pasado en los
municipios de mayor tamaño se imponen multas a los propietarios de viviendas
que las mantengan vacías más de seis semanas. Las cuales de hecho, se pueden
imponer simplemente por no informar al municipio cuando una vivienda lleva más
de seis semanas vacía.
En los Países Bajos,
hay –como en casi toda la UE– importantes subsidios públicos para que personas
o familias hagan frente a sus gastos mensuales de alquiler (privado o público);
al tiempo que hay numerosos programas de ayudas públicas a la rehabilitación de
viviendas destinada a su posterior puesta en alquiler. La legislación que
consentía la ocupación de viviendas vacías (en forma legal) y su devolución al
propietario, si demostraba que ésta no volvería a estar vacía (pudiendo ponerla
en venta o alquiler) cambió a partir de 2010. Pues fue muy polémico que el
hecho de no poder expulsar (al okupa) o los acuerdos arrendaticios con éstos
también influenciaban en el aumento de la oferta en alquiler. En octubre de
2011, la Corte Suprema sentó precedentes con un fallo en el que sólo se puede
desocupar un inmueble siempre y cuando sus ocupantes tuvieron el debido proceso
judicial.
En el caso de Francia,
existen dos tipos de medidas públicas para favorecer el alquiler de las
viviendas vacantes. Por una parte, hay subvenciones y desgravaciones fiscales
para los propietarios privados de vivienda vacía que la rehabiliten y pongan
posteriormente en alquiler; y por otro lado se obliga a alquilar a las
entidades sin ánimo de lucro aquellas viviendas sociales mediante la modalidad
de alquileres concertados con las administraciones públicas.
Además se cobra un canon sobre viviendas vacías en las ciudades
de más de 200.000 habitantes, cuando la tasa de vacancia sea superior a la
media. El dinero recaudado se destina a un instituto público que rehabilita
viviendas. La tasa es del 10 por ciento del valor catastral de la vivienda el
primer año, el 12,5 por ciento el segundo y 15 por ciento el tercero y
posteriores. En Francia se realizan requisas gubernamentales de viviendas que
lleven más de 18 meses vacías y cuyos propietarios –sólo personas jurídicas– no
hayan puesto medios para alquilarlas en municipios en los que haya necesidad de
vivienda en alquiler de precios moderados. Requisa que podrá extenderse a 12
años.
En el caso de
Alemania, para las viviendas vacías y deterioradas, se obliga a los
propietarios a realizar trabajos de rehabilitación; en caso de incumplimiento,
caben las multas, la administración sustitutiva de la vivienda por el Estado
(alquiler forzoso) e incluso la expropiación. En municipios con más del 10 por
ciento de viviendas vacías, la Administración procede a demoler las viviendas vacías
que no se pueden alquilar, siempre que lo que esté vacío y no sea alquilable o
sea un edificio entero.
En el caso del Reino
Unido existe una Agencia Estatal de la vivienda vacía, que impulsa a los
municipios a reducir el número de viviendas vacías, y media entre éstos y los
propietarios privados de viviendas. Ello tiene por función movilizar el parque
inmobiliario existente y evitar que se deterioren los barrios. Existen
incentivos fiscales para los propietarios privados por la compra y rehabilitación
de las viviendas vacías y además existe un presupuesto público dedicado a
comprar viviendas privadas vacías para ponerlas en alquiler social.
Existen penalizaciones impuestas a los propietarios que
mantengan voluntariamente vacías sus viviendas, por parte de las autoridades
locales, quienes están obligadas además a publicar anualmente información sobre
el número de viviendas privadas vacías. Llegando los municipios a que se
efectúe el alquiler o venta forzosa de las viviendas privadas que lleven más de
seis meses vacías, salvo que sea una segunda residencia, su propietario esté
enfermo o recién fallecido y se esté tramitando la herencia, esté trabajando en
otra ciudad o la utilice de forma esporádica. Esto alcanza a unas 600 mil
viviendas en Inglaterra.
Viviendas vacias en CABA con porcentaje por zona
CABA, el último Censo
Nacional de Población y Vivienda (realizado en octubre de 2010) sorprendió con
datos muy abultados de viviendas vacías, que promedió el 24,91 por ciento.
Más allá del sorprendente 39,84 por ciento de la zona central que seguro tiene
departamentos que son oficinas, los distritos residenciales más tradicionales,
como Recoleta (34,50 por ciento), Palermo (29,47), San Cristóbal y Balvanera
(25,20), tienen un alto registro. Lo mismo que Belgrano, Colegiales y Núñez
(24,58) y Caballito (21,85 por ciento). Habiendo cinco comunas más que rondan
de 18 a 20 por ciento, e incluso los barrios populares del sur cuyas dos
comunas tienen no menos del 17 por ciento de viviendas vacías. Es decir que en la CABA, de 1.425.840
viviendas censadas, hay 340.975 vacías.
Si se recuerda que el
informe Buenos Aires sin Techo de la Legislatura de la Ciudad (realizado en
2007) y del análisis de los datos censales de 2010, los hogares –que se pueden
considerar que habitan en condiciones deficitarias– rondan la cifra de 140 mil.
Es decir que las viviendas desocupadas en la CABA superan dos veces y medio el
déficit.
La guerra
de los datos http://www.latecla.info/3/nota_1.php?noticia_id=53357
La Tecla accedió a un
documento que libró el organismo bonaerense, basado en el último censo, del año
2010, sobre cuál es el faltante de casas en Buenos Aires. Este relevamiento
marca que en la Provincia hay un déficit de 1.085.865 casas, lo que significa que cerca de cuatro
millones de bonaerenses sufren este flagelo. Teniendo en cuenta que la
población es de 15.594.428 habitantes, cerca del 25 por ciento convive con esta
problemática habitacional.
Según información oficial, 859.015 casos responden a
viviendas recuperables u hogares en condiciones de hacinamiento por cuarto. El
resto, 226.850, son viviendas que deben ser reemplazadas por nuevas unidades
habitacionales.
La administración de Scioli tiene dividida a la Provincia en
siete regiones, con diferentes realidades cada una. La región I es un cuadrado
virtual que une los distritos de Tordillo, Rauch, Lobos y Magdalena. Posee un
déficit de 28.165 viviendas: 22.903 son estructuras recuperables o con
hacinamiento y 5.262 son necesarias edificar.
Informe del
CELS
http://thetgpost.com/index.php/general-491/sociedad/23581-1-de-cada-4-ninos-vive-en-un-deficit-habitacional-en-la-ciudad-de-buenos-aires
Por último, un
artículo refiere al capítulo dedicado al déficit habitacional. A pesar de los
esfuerzos estatales, que el libro celebra, persiste un problema estructural que
condena al hacinamiento al 12% de los hogares del país. Los temas, como se
verá, son parte de una agenda pendiente que es necesario discutir y hacer
visible.
El censo que cada 10
años lleva adelante el INDEC define “hacinamiento familiar” como "aquellos
hogares que comparten viviendas con otro hogar” mientras que “hacinamiento en
el hogar” refiere a la cantidad de personas que viven en una misma casa. En ese
sentido, “hacinamiento crítico”, es cuando más de 3 personas comparten una
misma habitación y “moderado” cuando conviven entre dos y tres. El último
informe del CELS sobre los Derechos Humanos en Argentina propone un análisis
del censo de 2010 para determinar el alcance del denominado “déficit
habitacional”.
Entre 2001 y 2010, el número de hogares se incrementó un
20,8%, por encima del aumento de la cantidad de viviendas. De ese modo, en una década, el “hacinamiento familiar”
pasó de representar el 6,5% del total de hogares al 12% actual. En números: 1,4 millones hogares
compartiendo vivienda con otro. En el mismo período se redujo levemente el
“hacinamiento crítico” al interior de los hogares: de 4,8% a 4%. Con relación
al “hacinamiento moderado”, también se achicó: del 19% al 18%, diez años
después.
La comparación entre censos permite observar una disminución
del porcentaje de hogares que son propietarios: del 70,6%, del 2001, al 67,7%,
del 2010. Esos números no necesariamente soslayan la intervención estatal
durante la década, aunque señalan su insuficiencia.
Según el último relevamiento oficial, los arriendos de casa
tipo B (ranchos, casillas, cuartos de hotel, pensiones), que pueden
considerarse alquileres informales, alcanza al 2% de los hogares del país, es
decir, casi 300 mil. En Capital Federal, ese porcentaje llega al 4% de los
hogares: ese tipo de vivienda se concentra en villas y asentamientos porteños.
En el informe
presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalaron: “1 de
cada 4 chicos, menores de 4 años vive en situación de déficit habitacional y 1
de cada 5 en condiciones sumamente precarias”. niños que, en un 60 por ciento
residen en villas de emergencia.
Mientras que en el
resto del país, según destacó el CELS, la cantidad de viviendas precarias
descendió, de 628.580 en 2001, a 561.015
en 2010 (del 6,2 al 4,6 por ciento) Sin
embargo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, las cifras son muy diferentes.
De este déficit habitacional el “60 por ciento reside en villas de emergencia y
el 40 por ciento en inquilinatos, hoteles y pensiones”.
“Las villas de
emergencia han crecido al ritmo del déficit y la emergencia habitacional
mientras que las políticas vinculadas a su tratamiento se han manifestado
ineficientes e ineficaces para el cumplimiento de sus metas formales”,
destacó el informe titulado “Infantilización del déficit habitacional: una
temática invisible”.
"Penalizar el
déficit habitacional no le sirve a nadie, deja sin derechos a los niños, que al
no tener una casa, no tienen escuela, salud y espacio de juego" Esto es en
referencia a la toma de tierras en Buenos Aires.
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